CASAS TOMADAS- SITUACION LEGAL Y ALTERNATIVAS

asi 4000 familias viven en la Capital en casas tomadas. La irregularidad tiene su correlato en la Justicia: entre 2008 y el año pasado, las causas ingresadas en el fuero penal porteño por usurpación crecieron un 61 por ciento. Según se desprende de un informe de la Dirección General de Estadísticas de la ciudad, el 0,32% de los hogares porteños -que el último censo contabilizó en 1.150.134- habita en casas ocupadas ilegalmente, o sea, 3738 familias. Los datos surgen de un muestreo realizado en 2008, lo que permite arriesgar que las cifras podrían ser hoy aún mayores, porque el acceso a una vivienda propia sigue siendo un problema de difícil solución en el área metropolitana. Junto con otras estrategias de supervivencia, como el alquiler de cuartos precarios en inquilinatos, hoteles y pensiones, las casas o edificios tomados suman el 5% del total de hogares (entendidos como grupos de personas que viven de un mismo ingreso, o sea, una familia) porteños, según el mismo informe. El 67% de estos hogares no tradicionales está situado en las comunas 1 (Retiro, Puerto Madero, San Nicolás, Montserrat, San Telmo y Constitución), 3 (Balvanera y San Cristóbal), 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y 5 (Almagro y Boedo). El caso del edificio de Parque Patricios desalojado esta semana no escapa a este diagnóstico La población que reside dentro de inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas representa el 17,3%, el 18,9%, el 21,7% y el 13,6%, respectivamente, del total de la población de cada comuna. De acuerdo con el mismo informe, en promedio los hogares o familias que habitan específicamente casas tomadas tienen tres integrantes. El 87,5% de estos hogares no tienen hacinamiento, entendido como la presencia de más de dos personas por cuarto, circunstancia que afecta al 12,5 por ciento. Deficiencias edilicias En cuanto a las características del hábitat, de entrevistas efectuadas a los ocupantes, surge que la iluminación natural resulta insuficiente durante el día y deben prender luz artificial en el 66,5% de los casos. En las viviendas tomadas, el 81,3% de las familias emplean para cocinar gas en garrafa, mientras que el 13,8% utiliza gas de red, siempre según el informe, que se basa en la Encuesta Permanente de Hogares 2008, sobre una muestra de 900 viviendas. Un dato importante es que muchas familias de casas y edificios tomados son conscientes de la situación irregular en la que transcurren sus días: para el 45,2% de los consultados, la principal desventaja de su modo habitacional es el "riesgo de ser desalojados en cualquier momento". En el mismo sentido, la falta de propiedad o de dominio como en un departamento y de un lugar propio preocupa a otro 22 por ciento. El 22,6% mencionó el hecho de tener que convivir con otras familias como el mayor perjuicio de residir en viviendas tomadas, mientras que el deterioro físico de la casa fue señalado por el 10,2 por ciento. Casi el 70% de las familias dijo no enfrentar ningún problema de convivencia. Un 15,5% se mostró incómodo por la falta de intimidad para usar el baño o la cocina o recibir visitas y un 14,9% se quejó por inconvenientes con vecinos y ruidos molestos. Como se dijo, la ocupación ilegal de inmuebles tiene su correlato en el crecimiento de las denuncias de los dueños legítimos de las propiedades, que reclaman el desalojo y el reintegro de las éstas. Según datos proporcionados por el Ministerio Público y el Poder Judicial porteños a LA NACION, la cantidad de causas abiertas por usurpación pasó de 579 en 2008 a 931 en 2011, lo que significa un aumento del 61%. No obstante, los expedientes estuvieron el año pasado por debajo del pico de 1181 registrado en 2009..

ALQUILERES - RECUPERACION PROPIEDAD

Si bien consideraron reprochable el obrar de la locadora en cuanto procedió a cambiar la cerradura del local en cuestión para recuperar por mano propia la tenencia del local alquilado, sin esperar a que se cumplieran los pasos judiciales para concretar la sentencia de desalojo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que pierde trascendencia aquella actitud reprochable de cambio de cerradura, pues no se ha acreditado que ese hecho hubiera causado la pérdida de mercaderías que constituiría el daño cuya indemnización pretende.

En la causa “Tranchida Miguel Ángel y otro c/ Nizet Stella Maris s/ daños y perjuicios”, los actores que iniciaron la demanda por daños y perjuicios alegaron que explotaban un fondo de comercio en un local perteneciente al Sr. Félix Nizet, ocupando dicho local en calidad de inquilinos.

Los actores explicaron que luego del fallecimiento del Sr. Nizet, el contrato de locación del referido inmueble se celebró verbalmente con la hija de aquél, Stella Maris Nizet, y que debido a las actitudes agresivas de esta última y de sus familiares, los demandantes abandonaron el local en cuestión, pero acordaron con la Sra. Nizet que la mercadería que se encontraba en el interior del inmueble se la irían llevando "en partes".

En su demanda, los actores sostuvieron que la Sra. Nizet tomó posesión del local en forma violenta y se apoderó de toda la mercadería de propiedad de los actores que se encontraba en el interior del inmueble en cuestión, la que jamás pudo ser recuperada, y que el hecho descripto les generó diversos perjuicios cuya reparación reclaman en autos.

La juez de primera instancia rechazó la demanda presentada, la que fue apelada por los actores.

Los magistrados que integran la Sala F explicaron que “de los términos expuestos en el escrito de demanda se desprende que los actores solicitan la indemnización de los daños que dicen haber sufrido a causa de un supuesto hecho ilícito cometido por la demandada, consistente en la sustracción de mercaderías de propiedad de aquéllos y que se encontraban depositadas en el local antes aludido”.

Los camaristas entendieron que “para que quede comprometida la responsabilidad civil de la accionada por el hecho que se le imputa, los actores deben demostrar la concurrencia de los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil, es decir el daño cuya reparación se reclama; la existencia de un hecho que infringe un deber de conducta impuesto por el ordenamiento jurídico -antijuridicidad-; la relación de causalidad entre ese hecho y el daño ; y un factor de atribución de la responsabilidad”.

Los jueces coincidieron con la magistrada de grado en cuanto a que “en la especie el actor no ha logrado acreditar los daños cuya indemnización reclama en autos, pues ni siquiera se han probado los hechos en los que los reclamantes fundan su demanda”.

En tal sentido, explicaron que “no se ha producido en autos prueba idónea alguna a fin de acreditar que en el local quedaron mercaderías cuando la demandada recuperó el inmueble, ni se especificaron las características y el valor de las mercaderías que los accionantes invocaron como perdidas a raíz del hecho que atribuyen a la demandada”.

En la sentencia del 24 de octubre de 2011, los magistrados determinaron que a los fines de probar la existencia de mercaderías en el local “resultan insuficientes las facturas agregadas a fs. 146/83, pues tales documentos dan cuenta de diversas compras efectuadas por los actores, pero en modo alguno acreditan que los bienes allí descriptos hubiesen sido retenidos dentro del inmueble de la demandada y luego sustraídos tal como lo afirman los reclamantes”.

Los magistrados remarcaron que “reprochable el obrar de la Sra. Nizet en cuanto procedió a cambiar la cerradura del local en cuestión para recuperar por mano propia la tenencia del local alquilado, sin esperar a que se cumplieran los pasos judiciales para concretar la sentencia de desalojo, no obstante que ésta se encontrara fundada en la falta de pago de los alquileres por los inquilinos desde marzo de 2001”.

A pesar de ello, la mencionada Sala sostuvo que “debe tenerse en cuenta que el perjuicio alegado por los actores y cuya reparación solicitan en autos se relaciona con la pérdida o sustracción de las mercaderías de su propiedad que, según invoca, se encontraban dentro del local cuando la demandada cambió la cerradura”.

En base a ello, los camaristas determinaron que “como esto no fue debidamente acreditado en la especie, ya que de ninguno de los elementos aportados al proceso surge cuáles eran concretamente los bienes que habrían quedado en el inmueble de la demandada, ni tampoco que la demandada los hubiera sustraído, pierde trascendencia aquella actitud reprochable de cambio de cerradura, pues no se ha acreditado que ese hecho hubiera causado la pérdida de mercaderías que constituiría el daño cuya indemnización pretende”, por lo que fue confirmada la resolución apelada.

COMPRA DE DOLARES - RESTRICCIONES

De pronto y a poco de su inicio, la jornada cambiaria del jueves tomó un giro inesperado ya que, minutos después de las diez de la mañana, llamó poderosamente la atención que la inmensa mayoría de las solicitudes de compra fueran rechazadas. Esta situación causó sorpresa en los dos lados del mostrador, pues vino a profundizar lo ocurrido desde el pasado martes, cuando se había empezado a notar un avance en las restricciones a la compra de divisas en bancos y casas de cambio. Pero eso no fue todo: en forma paralela comenzó a sentirse la presencia masiva de inspectores de la AFIP, que buscaba restringir las operaciones en el mercado informal, según dijeron otros operadores. Tal es así que el volumen comercializado en el mercado "blue" o informal se redujo de manera sustancial. "Están negando el 95% de las consultas", expresó el gerente general de una importante casa de cambios de la calle Sarmiento, quien agregó que "al freno de las ventas se suma la presencia masiva de inspectores, que empezaron curiosamente por los barrios y ahora están llegando al microcentro". "En nuestras sucursales del interior el freno también es generalizado", concluyó el funcionario. Milagros Gismondi, economista de Orlando Ferreres y Asoc, consideró que "con la liquidación de Ganancias de la semana pasada se autorizaron compras por montos más altos por persona". "Pero, de imprevisto, este jueves se rechazaron prácticamente todas las operaciones. Lo cierto es que a las mismas personas que se les autorizaban altas sumas hace pocos días, después se vieron imposibilitadas de adquirir divisas", agregó . "Esto nos marca que la aprobación para la compra de dólares no tiene que ver con la situación de cada uno de los compradores, sino que depende de lo que surja del balance de la oferta y la demanda del mercado", sostuvo la economista de Ferreres y Asociados. Desde un banco privado con fuerte presencia en comercio exterior, el comentario fue similar: "En nuestro mostrador prácticamente fueron rebotados todos los pedidos". En tanto, otro reconocido cambista, que solicitó estricto "off the record", expresó que "empresas que podían comprar $180.000, se encontraron ayer con un tope de 20.000 pesos". "Incluso, empleados con altos sueldos en blanco, que antes del miércoles contaban con una autorización de hasta u$s16.000, observaron que ese límite había bajado a apenas 1.000 dólares", completó. Los motivos de la AFIP "El mercado cambiario atraviesa una encrucijada, a partir de las necesidades de divisas del sector público que desplazan progresivamente a los requerimientos privados", explicaron desde AMF Consultores. "Naturalmente, la paridad cambiaria nominal no es ajena a esta situación que coloca las correcciones que introduce el Banco Central en la relación peso/dólar en porcentuales máximos, y dificultosamente compatibles con un período de abundante oferta de divisas, como estacionalmente ocurre en el 2º trimestre del año", destacaron desde la consultora dirigida por Andrés Mendez. "La presión por hacerse de dólares sigue creciendo a diario, pero los controles son muy fuertes y cada vez hay menores posibilidades de conseguirlos en la plaza oficial. Esto ayuda a que la brecha entre los mercados siga creciendo", comentó uno de los operadores, sin querer hablar más por la presencia de los inspectores. Esta decisión, que causó fuerte impacto entre analistas, operadores y clientes, se contradice con la tomada hace apenas una semana, cuando el mismo organismo optó por liberar en parte el cerrojo cambiario tanto en sucursales bancarias como en casas de cambio, con la intención de restarle presión al mercado informal. Precisamente, desde un banco del interior, un operador manifestó que, a su entender, "esta reacción, que puede parecer espasmódica por parte de la AFIP, tiene una parte lógica. Si ya tiene bajo control el segmento oficial, bajo su razonamiento, también puede controlar el blue". "¿Cómo? Muy sencillo, cuando abre el grifo oficial, alienta la demanda en este mercado, abastece al marginal, lo fortalece y alienta la salida de capitales. Pero cuando lo cierra, seca la plaza y, de esta manera, reduce su operatoria. De alguna manera limita dicha fuga", agregó. "En otras palabras, busca matar dos pájaros de un tiro. La pregunta, en este caso, es saber cuál es el precio objetivo", concluyó. Al respecto, varias fuentes consultadas por iProfesional.com consideran que ese "número mágico" giraría en torno de los 5,10 pesos por dólar para la cotización informal. Una cifra más arriba podría alentar mayores presiones inflacionarias, pues en una economía dolarizada como la de Argentina, el valor de la divisa estadounidense juega un rol central en la formación de precios. Las idas y venidas de la AFIP Los mayores controles y restricciones implementados desde el pasado martes impactaron inicialmente en el circuito marginal. Tal es así que la divisa aumentó un par de centavos en cuestión de horas. Al cierre del jueves se repetía la situación anterior. Como consecuencia de ello, desde el cierre del lunes el "blue" se incrementó cuatro centavos, pues llegó nuevamente a los 5,10 pesos. Fuentes del mercado coincidieron en afirmar que, si bien en casos como este todo hace suponer que el dólar marginal suele reacomodarse al alza, esta vez no fue así, debido a los controles dispuestos por el ente recaudador. Aunque los expertos señalaron que sólo es cuestión de tiempo para que intente nuevamente retomar el camino alcista. Esta historia de idas y venidas, breve pero contundente, comenzó apenas se implementó el cerrojo cambiario, a fines de octubre del año pasado, cuando varios organismos oficiales presionaron a las casas de cambio para que el billete no se fuera mucho más allá de 4,50, aunque todo quedó en intenciones, pues el blue mantuvo en aquel entonces su raid ascendente. Mucho más cercano en el tiempo, apenas se conoció la intención oficial de expropiar parte de YPF, el billete informal volvió a dispararse con fuerza, pues pasó de $4,95, la jornada siguiente al anuncio, a marcar un máximo de 5,14 por unidad, apenas siete días hábiles después. Esta escalada llevó al Gobierno a tomar cartas sobre el asunto hasta hacer ceder a la divisa algunos centavos, pero igual muy por encima de la cotización oficial. En la práctica, logró que cayera diez centavos en apenas una semana, a partir de la flexibilización de las restricciones para el público. Aunque en forma paralela, utilizó la intimación vía inspecciones. Finalmente, a partir del martes pasado redobló los controles, tanto físicos (vía inspectores en la calle) como tecnológicos, profundizando las restricciones para acceder al mercado "libre". ¿Porqué cambió la estrategia? Todo parece conducir a que la oferta de divisas no responde a esta altura del año a las expectativas oficiales, pese a que los precios de la soja se mantienen en niveles más que atractivos. Ello estaría impactando en forma negativa en el poder de compra del Banco Central, que no lograría alcanzar su nivel objetivo previsto con anterioridad. En tal sentido, un conocido economista comentó: "Siempre voy controlando la validación que la AFIP hace de mi límite para la compra de dólares. Recientemente se redujo a un tercio sin que haya cambiado mi situación frente al fisco". "El problema es que todavía no queda claro el criterio que se utiliza para rechazar o aprobar las operaciones, y después haber habilitado tantas en abril. Creo que el Gobierno vuelve a tener miedo y a sentir que debe restringir aún más la demanda". Para Federico Bragagnolo, economista de Econviews, "esta medida significa un fuerte giro pues en los primeros días del mes notamos un cambio con respecto a abril, cuando se autorizaron muchas compras de dólares al sector privado". "Pero eso se tradujo en una caída de los plazos fijos y en un aumento de la salida de capitales. Ello podría explicar el cambio de la estrategia oficial", concluyó. Para Aldo Abram, director de la fundación Libertad y Progreso, "este accionar está en línea con lo que veníamos viendo y tiene que ver con la desesperación del Gobierno de aumentar la oferta de dólares en el mercado controlado que tenemos". "Están apresurando la liquidación de las exportaciones más allá de los plazos que los productores habían pactado de antemano. De la misma manera, limitan la demanda de dólares para que el Central tenga mayor disponibilidad para comprar", sostuvo Abram. "El problema es que en este proceso todos los pesos que se emiten y que finalmente no son esterilizados, generan inflación, siendo un excedente que no puede ir al mercado cambiario oficial y tampoco a las importaciones, por lo que terminan engrosando el mercado paralelo", resumió el director de Libertad y Progreso. "Creo que la señal para los minoristas interesados en comprar dólares es que se hagan de los billetes en los momentos en los que se los autoriza para la compra", finalizó Gismondi.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS - AFIP

El organismo presidido por Ricardo Echegaray pondrá la lupa sobre aquellas personas que invirtieron en fideicomisos durante el año pasado para poder detectar el origen de los fondos utilizados.

Así, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continuará profundizando la lucha contra la evasión impositiva que se esconde detrás de la utilización de la mencionada actividad económica.

Asimismo, la información recolectada, a través del régimen vigente, revelará cuál es la procedencia del dinero colocado en los instrumentos financieros, constituidos el año pasado, y se constatará con las declaraciones del Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales que se presentarán en los próximos meses.

Además, cabe señalar que todos los administradores de fideicomisos financieros e inmobiliarios tendrán la obligación de explicar ante la AFIP las características de los instrumentos constituidos el año pasado.

Respecto de los fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios (tanto en fideicomisos financieros como no financieros), el organismo tributario solicita que se le informe apellido y nombre, denominación o razón social, CUIT, CUIL o CDI, datos identificatorios de los bienes y el monto total por entregas de dinero realizados por los fiduciantes en el período a declarar así como también el total acumulado por cada uno informado, valuados de acuerdo a la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Por último, el fisco nacional requiere la declaración acerca del valor nominal y residual de los títulos de valores representativos de deuda e información clave respecto de los certificados de participación.

LADRILLOS 2012- EL DOLAR Y LA AFIP

ncertidumbre y cautela. Esas son las palabras que se escuchan con mayor frecuencia entre los agentes inmobiliarios, desarrolladores y empresas vinculadas con el negocio de la construcción.

"Se tiene que esperar hasta mitad de año", señalan quienes se desenvuelven en esta rama de actividad.

Y remarcan que "hay que ver cómo evoluciona el mercado", ante la esperable ralentización en el ritmo de actividad económica y frente al hecho -que ya se da por descontado- de que el control sobre el mercado cambiario permanecerá durante un largo tiempo.

"Normalmente, la proyección respecto de cómo será el año para el sector se puede ir trazando a partir de marzo. Pero ahora es distinto. Habrá que aguardar hasta mayo o junio por lo menos", comentó José Rozados, CEO de la consultora Reporte Inmobiliario.

Y agregó que "desde noviembre a esta parte no se ha hecho más que fijar controles. Y esto hace que las decisiones de compra se posterguen o vayan en cámara lenta. La baja en las escrituraciones es un reflejo de esto".

Nuevas reglas
Las palabras de Rozados hacen referencia a una serie de cambios que inciden sobre el ritmo de actividad del sector y que explican el actual escenario.

Claro está, que el más importante de todos ellos ha sido el "cepo cambiario" que, según dan cuenta las fuentes consultadas, produjo una marcada disminución en el ritmo de compraventa.

Precisamente, éste ha sido el factor esgrimido por el Colegio de Escribanos de la Ciudad para explicar la baja de más del 10% en el nivel de escrituras en Buenos Aires de estos últimos meses.

"El nuevo régimen de control de cambios que, en forma conjunta, pusieron en práctica la AFIP y el Banco Central alteró la fluidez con la que se movía el mercado inmobiliario", indicó la entidad.

Y estos efectos, tal como detallan directivos de inmobiliarias como Guido Tizado, titular de la firma homónima, persisten hasta estos días.

"Se siente todavía por la ausencia de dólares que uno ve en la plaza. Y porque la gente ahora -una de las primeras cosas que hace- es consultar por la posibilidad de cuotas en pesos", aseguró a iProfesional.com.

Es por ello que hay "desarrolladores que optan por aceptar pagos en moneda local para no perder ventas, y esto goza de buena aceptación entre los clientes", destacó.

Así, las obras de boca de pozo, bajo la forma de fideicomisos al costo en moneda nacional, se muestran ahora como una alternativa para los nuevos emprendimientos.

Más allá de las nuevas reglas de juego para el mercado cambiario, otra modificación que se hace sentir en la actividad está vinculada con el nuevo régimen de información impuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) para detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero.

En este sentido, trascenció que el mencionado organismo ultima detalles para dictar una nueva resolución que pondrá la lupa sobre los fideicomisos.

Así, fuentes oficiales y del sector privado adelantaron que la norma obligará a los fiduciarios a informar a la entidad la licitud de los fondos de sus clientes.

¿Quiénes son los fiduciarios? Un particular o una empresa (por ejemplo, un banco o una desarrolladora) que recibe la titularidad de los bienes para su administración.

Nuevo escenario
En definitiva, el mercado inmobiliario se enfrenta a una serie de medidas que pegan de lleno en la actividad.

Al respecto, Tizado señaló: "Por lo pronto, los inversores frenan sus decisiones hasta encontrarse con un panorama más claro. El problema es que esta incertidumbre se hace sentir en un mes como marzo que, tradicionalmente, siempre ha mostrado un repunte".

Alberto Forti, presidente de Caepsa y CEO del emprendimiento Amaneceres Group, tiene una mirada similar. "La palabra es cautela. Quienes evalúan ingresar en proyectos se preguntan si habrá más medidas en los próximos meses. Esto es como cuando uno va en auto y de pronto enfrenta una zona de niebla. Inevitablemente pisa el freno", graficó a iProfesional.com.

Nuevos controles de la UIF
La decisión de la UIF de reglamentar plazos y metodologías para denunciar operaciones sospechosas, vinculadas con el lavado de dinero, y el hecho de que pronto entrará en vigencia la nueva normativa referida a los fideicomisos, concentra el interés de los actores del sector.

"En principio, se recarga la actividad de las inmobiliarias, al imponerse un control más. Es algo que ya aplicaban contadores y escribanos, pero que ahora llega un escalón más abajo", afirmó Daniel Salaya Romera, titular de otra inmobiliaria homónima.

"No se entiende por qué se hace justo en este momento. No está para nada claro y la realidad es que obliga (a las inmobiliarias) a realizar tareas propias de los escribanos", afirmó Miguel Altgelt, de Altgelt Negocios Inmobiliarios.

Y agregó: "Ahora la persona que firma un boleto tiene que anticipar documentos. Habrá que ver cómo se implementa y la reacción de los inversores".

Guido Tizado se refirió a la medida de la UIF como una iniciativa que "asusta" al inversor. "Como sucedió con el dólar, hace que muchos posterguen decisiones. La restricción cambiaria se hace sentir, no es aconsejable seguir imponiendo nuevas reglas a la actividad", recalcó.

El buen momento del peso
Cuando a finales de octubre el Gobierno oficializó la puesta en vigencia de controles para la compra de dólares, el cimbronazo se hizo sentir con fuerza en el sector.

Así, en los primeros días se registró un estado de virtual parálisis.

Luego, los desarrolladores tuvieron que salir obligadamente a "poner el pecho a las balas" y a implementar cambios en sus estrategias de venta.

Una de esas modificaciones fue la de reposicionar al peso argentino como forma de pago.

"Estamos observando una marcada tendencia en los fideicomisos al costo al pago de las cuotas en pesos. Y todo indica que irá cobrando más fuerza con el correr de los meses", aseguró Salaya Romera.

Para el caso de las obras desde boca de pozo, "varios emprendimientos se están proyectando con cuotas en pesos indexadas según el índice de la CAC (Costo Argentino de la Construcción)", puntualizó Luis Ramos, presidente de LJ Ramos.

"Lo que se está viendo para los nuevos desarrollos de fideicomisos al costo es una migración de valores en dólares a pesos", sostuvo Maximiliano Bravo, gerente de Tizado Propiedades.

El problema de esto es que se le transfiere al inversor la inflación que se acumula mes a mes.

En efecto, en el caso de aquellos que no deseen desembolsar sus dólares -o no los puedan adquirir-, esta "aventura" de comprar propiedades en pesos desde el nacimiento de la obra no es gratuita.

Se debe a que la indexación de las cuotas, según el citado índice sectorial de la CAC implica -de hecho- un aumento de las mismas casi a tono con el ritmo inflacionario.

En los últimos 12 meses, el mencionado índice de la construcción experimentó un incremento del 26% en un año, varios puntos por encima de la suba registrada por el billete verde.

En este punto, cabe destacar que es de esperar un panorama similar para 2012.

En tanto, con respecto a la compraventa de unidades terminadas, nuevas o usadas, el uso de la moneda local muchas veces queda acotado a la inmediatez de la operación.

"Cuando se trata de plazos cortos, entonces se hace más fácil la aceptación del peso. Pero debe ser menor a 90 días como mucho", remarcó Salaya Romera.

En la misma línea, Miguel Altgelt señaló que "los pesos se aceptan en casos en los que se escriturará a no más de 60 días. Para lapsos largos, las operaciones se siguen haciendo en dólares".

Menú combinado
Más allá de la mayor aceptación del peso, los expertos del sector hacen referencia a un "menú" combinado de ambas monedas, que le permite al desarrollador cubrirse ante eventuales riesgos.

"Se están registrando operaciones en las que se combinan pagos en pesos y en dólares", confirmó José Rozados.

"En varios emprendimientos, se está optando por la cancelación en dólares del terreno y, para el desarrollo, se aceptan cuotas en pesos, que se van actualizando. Antes de las medidas cambiarias, lo normal era todo en billetes verdes", concluyó Jorge González, presidente de la desarrolladora Baresa.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS

La Unidad de Información Financiera (UIF) ultima detalles para dictar una nueva resolución clave que pondrá la mira sobre los fideicomisos.

Fuentes oficiales y del sector privado adelantaron que la norma obligará a los fiduciarios a informar a la entidad antilavado la licitud de los fondos de sus clientes. La resolución alcanzará, entre otros, a los fideicomisos para proyectos inmobiliarios desde el pozo y a los instrumentos financieros vinculados al consumo y las obras de infraestructura.

La UIF mantiene reuniones con actores vinculados al negocio y afina la letra para dictar la resolución en los próximos treinta días. “El tema está siendo analizado por el consejo asesor de la UIF”, indicaron fuentes del organismo al matutino El Cronista.

La resolución será similar a las decenas de normas que alcanzaron a otros sectores, desde bancos y transportadores de caudales hasta concesionarias de automóviles y galerías de arte. Exigirá a los sujetos obligados a trazar perfiles de sus clientes y a solicitar declaraciones juradas sobre el origen del dinero.

La inminente resolución alcanzará a todo tipo de fideicomisos, tanto aquellos financieros –armados en su mayor parte con los créditos de las cadenas de consumo masivo, como los que no tienen oferta pública.

“Según estimaciones de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (Cafidap), los fideicomisos movieron entre u$s10.000 y u$s11.000 millones el año pasado. Los de oferta pública totalizaron unos u$s5.500 millones, de los que el 90% fueron de consumo masivo, y los ordinarios, otro tanto. Entre estos últimos, los inmobiliarios significaron unos u$s3.000 millones.

El presidente de Cafidap, Juan Luis Catuogno, participó de reuniones con funcionarios de la UIF para delimitar los alcances de la resolución. La cámara quiere separar los fideicomisos financieros de los “ordinarios”. “En los de oferta pública, el cliente es el fiduciante, que transmite los activos para el fideicomiso. El mercado es cliente de los agentes de Bolsa. En los fideicomisos sin oferta pública, el fiduciario debe hacer todo y lo viene haciendo, con o sin resolución”, afirmó al matutino.

INMOBILIARIAS - CONTROL EVASION

Los corredores inmobiliarios deberán enviar a la Unidad de Información Financiera (UIF) los datos de las personas que emprendan alguna operación relacionada con su rubro. De esta manera, el gobierno busca ejercer medidas que disminuyan la evasión y el lavado de dinero. Una acción similar se realizó días atrás en Uruguay para cumplir con lo requerido por GAFI.


A través de la resolución 16/2012, el poder Ejecutivo estableció que "los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tangan por objeto el corretaje inmobiliario" tendrán la obligación de presentar ante la UIF datos personales de sus clientes.

Así, el organismo investigará operaciones que se consideren como "inusuales", caracterizadas por ser realizadas en forma aislada o reiterada sin un justificativo económico y/o jurídico que las avale. Lo que se quiere vislumbrar es si la operación guarda algún tipo de relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente.

La resolución también cita lo siguiente: "Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de $600.000, se deberá definir el perfil del cliente" con "información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria".

De esta manera, los agentes inmobiliarios deberán identificar a sus posibles clientes antes de iniciar una operación comercial. También, los corredores deberán averiguar que los demandantes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y cuestionar acerca del producto seleccionado y los motivos de dicha elección.